Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Criminalizar a los movimientos, golpe común de los afectados ambientales
Torturas, acosos, órdenes de aprensión, persecuciones. En cada una de las cinco mesas de trabajo que se conformaron en la Cuarta Asamblea de Afectados Ambientales surgieron historias comunes sobre las diferentes formas de represión y violación de derechos humanos que aplican las autoridades de gobierno para aplacar a los movimientos sociales y beneficiar a los grandes capitales mexicanos y extranjeros en el saqueo de la tierra y de los recursos naturales.
Yoloxochitl Severiano, delegada de Xoxocotla en el Consejo del Pueblo del Estado de Morelos, contó que en 2007 ocurrió un primer levantamiento de la comunidad en contra del despojo del manantial de agua que los ha surtido desde hace 80 años, amenazado por desarrollos habitacionales de capitalistas mexicanos y europeo. En aquel momento la comunidad contuvo la acción represiva, aunque se saldó con 30 detenidos que después fueron liberados. Sin embargo, en octubre de 2008 las fuerzas de seguridad devolvieron el golpe con más contundencia, saldándose con la detención de 42 personase incluso la tortura de una persona a la que “hicieron caminar sobre llantas que todavía se quemaban”.
El Frente en Defensa del Agua y de la Tierra del Pueblo de Tlaxcala también ha sufrido una larga historia de represión. Miriam Vargas, de San Bernardino de Tlaxcalanzingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula, Puebla, contó que hace 18 años, cuando la comunidad se comenzó a organizar en contra de las presiones de las autoridades y de capitalistas para que vendieran sus tierras, asesinaron a dos dirigentes del movimiento. A finales de 2007, otro dirigente fue acusado de robo y encarcelado, desde entonces policías disfrazados de civiles constantemente acosan a las personas del frente. Después de la expropiación de tierras, cuando “nos pagaron 2.50 pesos por metro cuadrado, y ahora en las zonas residenciales que construyeron el metro lo venden en 400 dólares”, y del agotamiento del agua, cuando irónicamente en esa área hay “un club de golf famosísimo, La Vista”, esta comunidad sigue en pie y “sin temor a la represión”.
Verónica Hernández nació en La Gloria, El Perote, Veracruz. Aunque eso dejó de ser “la gloria” hace 15 años, cuando Granjas Carroll (a la cual persigue el fantasma de la duda de que ahí brotó la influenza A H1N1) llegó a su comunidad y comenzó a utilizar sus aguas y a descargar toneladas de excremento de más de un millón de cerdos. Hace cinco años, se organizaron y exigieron que la porcícola se fuera por incumplir con las normas ambientales. Por alzar la voz, la mujer ha tenido que enfrentar dos procesos jurídicos por difamación y uno por presuntos “ataques a las vías de comunicación”, al igual que otros cinco compañeros.
En los valles centrales de Oaxaca, hay 16 proyectos de diversas mineras de extracción de oro, plata y hierro, que han contaminado los mantos acuíferos, que descargan líquido con cianuro y arsénico que usan para el oro y plata y que no han consultan a las comunidades para asentarse. “La gota que derramó el vaso”, dice Cástulo Lopez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, fue en Ocotlán, con la minera La Trinidad, pues “ante la inconformidad, decidimos clausurar la empresa”. La respuesta por defender los recursos naturales fue represión y por lo menos 23 órdenes de aprehensión.
También hay historias de triunfos, como en la comunidad de San Francisco Ocotlán, Puebla, que durante años combatió un proyecto gubernamental para perforar cinco pozos profundos para beneficiar a empresas transnacionales embotelladoras de agua. El 3 de enero de 2007, cerca de cinco mil habitantes de la comunidad bloquearon la autopista y el periférico de Puebla. La represión se saldó con el choque de fuerzas antimotines y la lluvia de gases lacrimógenos. Se giraron ocho órdenes de aprensión, incluso uno contra la profesora Berta Espinosa, a quien las fuerzas policiales “secuestraron” de su escuela y la llevaron a la Secretaría de Gobernación presionándola para que “me desistiera de la lucha”. Después de amparos ganados, se retiraron las órdenes de aprensión. No sólo eso, luego de demostrar al gobierno estatal y federal “que nuestras norias se están quedando sin agua, a través del movimiento social y jurídico logramos desistir el saqueo”. El gobierno dio marcha atrás al plan de los pozos.
Ante esta realidad de acoso, hostigamiento, procesos jurídicos amañados y represión abierta, los asistentes a esta Cuarta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales estamos discutiendo modos y maneras para enfrentar la criminalización de nuestras luchas sociales y exigimos la liberación de nuestros presos políticos.
Criminalizar a los movimientos, golpe común de los afectados ambientales
Torturas, acosos, órdenes de aprensión, persecuciones. En cada una de las cinco mesas de trabajo que se conformaron en la Cuarta Asamblea de Afectados Ambientales surgieron historias comunes sobre las diferentes formas de represión y violación de derechos humanos que aplican las autoridades de gobierno para aplacar a los movimientos sociales y beneficiar a los grandes capitales mexicanos y extranjeros en el saqueo de la tierra y de los recursos naturales.
Yoloxochitl Severiano, delegada de Xoxocotla en el Consejo del Pueblo del Estado de Morelos, contó que en 2007 ocurrió un primer levantamiento de la comunidad en contra del despojo del manantial de agua que los ha surtido desde hace 80 años, amenazado por desarrollos habitacionales de capitalistas mexicanos y europeo. En aquel momento la comunidad contuvo la acción represiva, aunque se saldó con 30 detenidos que después fueron liberados. Sin embargo, en octubre de 2008 las fuerzas de seguridad devolvieron el golpe con más contundencia, saldándose con la detención de 42 personase incluso la tortura de una persona a la que “hicieron caminar sobre llantas que todavía se quemaban”.
El Frente en Defensa del Agua y de la Tierra del Pueblo de Tlaxcala también ha sufrido una larga historia de represión. Miriam Vargas, de San Bernardino de Tlaxcalanzingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula, Puebla, contó que hace 18 años, cuando la comunidad se comenzó a organizar en contra de las presiones de las autoridades y de capitalistas para que vendieran sus tierras, asesinaron a dos dirigentes del movimiento. A finales de 2007, otro dirigente fue acusado de robo y encarcelado, desde entonces policías disfrazados de civiles constantemente acosan a las personas del frente. Después de la expropiación de tierras, cuando “nos pagaron 2.50 pesos por metro cuadrado, y ahora en las zonas residenciales que construyeron el metro lo venden en 400 dólares”, y del agotamiento del agua, cuando irónicamente en esa área hay “un club de golf famosísimo, La Vista”, esta comunidad sigue en pie y “sin temor a la represión”.
Verónica Hernández nació en La Gloria, El Perote, Veracruz. Aunque eso dejó de ser “la gloria” hace 15 años, cuando Granjas Carroll (a la cual persigue el fantasma de la duda de que ahí brotó la influenza A H1N1) llegó a su comunidad y comenzó a utilizar sus aguas y a descargar toneladas de excremento de más de un millón de cerdos. Hace cinco años, se organizaron y exigieron que la porcícola se fuera por incumplir con las normas ambientales. Por alzar la voz, la mujer ha tenido que enfrentar dos procesos jurídicos por difamación y uno por presuntos “ataques a las vías de comunicación”, al igual que otros cinco compañeros.
En los valles centrales de Oaxaca, hay 16 proyectos de diversas mineras de extracción de oro, plata y hierro, que han contaminado los mantos acuíferos, que descargan líquido con cianuro y arsénico que usan para el oro y plata y que no han consultan a las comunidades para asentarse. “La gota que derramó el vaso”, dice Cástulo Lopez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, fue en Ocotlán, con la minera La Trinidad, pues “ante la inconformidad, decidimos clausurar la empresa”. La respuesta por defender los recursos naturales fue represión y por lo menos 23 órdenes de aprehensión.
También hay historias de triunfos, como en la comunidad de San Francisco Ocotlán, Puebla, que durante años combatió un proyecto gubernamental para perforar cinco pozos profundos para beneficiar a empresas transnacionales embotelladoras de agua. El 3 de enero de 2007, cerca de cinco mil habitantes de la comunidad bloquearon la autopista y el periférico de Puebla. La represión se saldó con el choque de fuerzas antimotines y la lluvia de gases lacrimógenos. Se giraron ocho órdenes de aprensión, incluso uno contra la profesora Berta Espinosa, a quien las fuerzas policiales “secuestraron” de su escuela y la llevaron a la Secretaría de Gobernación presionándola para que “me desistiera de la lucha”. Después de amparos ganados, se retiraron las órdenes de aprensión. No sólo eso, luego de demostrar al gobierno estatal y federal “que nuestras norias se están quedando sin agua, a través del movimiento social y jurídico logramos desistir el saqueo”. El gobierno dio marcha atrás al plan de los pozos.
Ante esta realidad de acoso, hostigamiento, procesos jurídicos amañados y represión abierta, los asistentes a esta Cuarta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales estamos discutiendo modos y maneras para enfrentar la criminalización de nuestras luchas sociales y exigimos la liberación de nuestros presos políticos.
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