En México un colapso socio-ambiental está en curso. Este documento tiene como propósito explorar sus causas mediatas e inmediatas. También propone acciones concretas de carácter político/auto-gestivo que al ser llevadas a cabo por la red de organizaciones de afectados ambientales pueden contribuir a preparar a la ciudadanía para enfrentarlo y mitigarlo.
El colapso no obedece a causas simples, sino a la convergencia de complejos y numerosos factores. Pero una causa general destaca: la manera salvaje en que el capitalismo mexicano ha sido construido durante las últimas décadas y el efecto que ello ha tenido sobre la estructura y funcionamiento de la sociedad mexicana y sus relaciones con la naturaleza.
En México no son nuevos los problemas ambientales causados por el capitalismo. El siglo XX fue testigo de extracciones mineras, aprovechamientos hidráulicos, deforestaciones tropicales, explotaciones de la flora y la fauna, y otras actividades económicas de índole privada y pública que dejaron profundas heridas en los ecosistemas mexicanos. Estas heridas siguen abiertas; algunas de sus causas son vigentes y muchas de sus expresiones ambientales y sociales son irreversibles. En la introducción al Informe sobre la situación del medio ambiente en México 2005 (ISMA 2005), la Semarnat reconoce que: “La disminución y degradación de la cubierta vegetal natural y del suelo, la acelerada pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los acuíferos son algunos de los principales problemas que hoy enfrenta el país.”
Pero en los últimos veinticinco años de política neoliberal una nueva lógica de destrucción ambiental se ha extendido y profundizado en todo el territorio nacional. En una primera fase del periodo (1982-2000) surgió un principio que parecía dar cierta esperanza. El paradigma del “desarrollo sustentable” hizo “boom” a nivel mundial, y ello obligó a un Estado mexicano en búsqueda de aprovechar óptimamente los “beneficios de la globalización” a incorporar --en la ley, en el discurso y, superficialmente, en la práctica-- los principios y métodos necesarios para resolver las tensiones entre la crisis ambiental y el crecimiento capitalista. Los ecos discursivos del paradigma todavía reverberan, y en la introducción al ISMA 2005, pag. 17, referida arriba se señala:
“Durante mucho tiempo, los temas ambientales fueron pasados por alto o considerados sólo como secundarios y supeditados a la planeación del desarrollo. El impacto del crecimiento demográfico, de la desigual distribución territorial de la población, de la actividad productiva y de la urbanización sobre la calidad del aire, del agua y del suelo, sobre la disponibilidad de los recursos naturales y sobre la integridad y funcionamiento de los ecosistemas naturales fue estimado de manera parcial en algunos casos y en otros simplemente ignorado. El avance de la investigación científica ha mostrado la necesidad de reconocer el valor del capital natural como un elemento indispensable para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable, lo cual implica establecer políticas, estrategias y acciones que promuevan la salud de los ecosistemas en el mismo rango de prioridad que tienen los sistemas económico, educativo o de salud pública.”
Pero la ideología hegemónica del periodo, el neoliberalismo –que podríamos definir como el proteccionismo de Estado de la lógica de reproducción del capital transnacional-monopólico—, convirtió en ficción estas frases al permitir que la integración comercial y el aumento del flujo de capitales extranjeros conllevara la destrucción de nuestra soberanía industrial, alimentaria, comercial, financiera y demográfica. Supuestamente dirigido a crear un nuevo pacto social que nos condujera, ahora sí, a la verdadera modernidad, el neoliberalismo muy pronto debilitó las instituciones y órganos del Estado mexicano, hasta convertirlos en instrumentos del poder fáctico y la delincuencia organizada. Al ponerlos en práctica en este contexto, varios principios políticos largamente perseguidos por la sociedad mexicana, como son la democracia efectiva, la descentralización administrativa y la coordinación inter-sectorial, degeneraron y se convirtieron bajo el nuevo régimen justamente en su opuesto: el estado hobbsiano, la balcanización política, la feudalización municipal y la colusión burocrática
[1][1].
Algo semejante ocurrió con el desarrollo sustentable. Así, en la segunda fase del periodo (2000-2008), en que George W. Bush ha desgobernado al mundo y el PAN empujado a México hacia la corrupción institucional generalizada, las leyes que “obligan” el desarrollo sustentable en nuestro país no son otra cosa que letra muerta y espíritu vacío.
La idea de que es posible planificar un desarrollo capitalista que pueda estructurar un equilibrio entre los ámbitos ambiental, social y económico, y los valores de la sustentabilidad, la eficiencia, la equidad y la participación ciudadana, --que todavía podía plantearse con honestidad y orgullo hace algunos años entre los funcionarios de gobierno-- ha perdido vigencia y se desecha de facto como pretenciosa e irreal en los corredores del ambientalismo oficial. Por el contrario, en esos mismos corredores ahora se forjan argumentos (en realidad, argucias) para relajar la interpretación y aplicación de la normatividad ambiental y –a golpe de simulaciones, ocultamientos y mentiras— para negar, encubrir y mediatizar los costos socio-ambientales de la libre operación de un sistema económico profundamente irracional. Guiados por el interés, una falsa prudencia (en realidad temor) o el cinismo, cada vez son más los funcionarios municipales, estatales y federales que, debiendo ser los garantes del aprovechamiento racional de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas, actúan como fiadores de la impunidad ambiental y se han convertido en verdaderos intermediarios con cartera oficial de los intereses de las empresas privadas y las corporaciones. Así, al quedar bajo la rectoría de los grandes capitales, los socio-ecosistemas del campo y la ciudad se han desestructurado como nunca, y se han vuelto cada vez más tóxicos, mermando la salud presente y futura de cada vez más mexicanos.
En resumen, en los últimos años las instituciones mexicanas no sólo han dejado de cumplir con su función fundamental de regular las contradicciones que existen entre la reproducción capitalista y la reproducción de los ecosistemas, sino también la de procurar un clima de confianza y un sentido público que brinden una base coherente para el ejercicio de la cooperación social y la preservación de los ecosistemas. El pacto socio-ambiental mexicano está hecho pedazos.
Los mexicanos vivimos un drama que pronto podría convertirse en tragedia. México está en el umbral de un futuro profundamente incierto, marcado por la depresión económica mundial, la crisis energética y el calentamiento climático global. En este difícil contexto, hemos perdido también el control social de nuestro ambiente nacional, es decir, de la base primordial de nuestras condiciones generales de vida y reproducción. En otras palabras, no sólo están en crisis
nuestros ecosistemas, sino también nuestra soberanía ambiental y la capacidad ciudadana e institucional para recuperarla.
Este documento busca construir una conciencia más desarrollada sobre la naturaleza de esta crisis socio-ambiental. Dicha conciencia es necesaria para definir qué acciones, herramientas y armas debemos esgrimir para enfrentarla y, en el largo plazo, encontrar las vías para alcanzar la reconciliación del pueblo mexicano con su privilegiado territorio natural.
[1] Según Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en cuestión de corrupción y delincuencia organizada “entre un 50 y 60% de los municipios mexicanos han sido feudalizados o capturados” (citado en Cíntora, 2008, pag.20).
I. Breve Perfil del colapso
Desde hace mucho años diferentes voces de la comunidad científica y la sociedad civil han denunciado inútilmente la deforestación en México. El país sigue ocupando uno de los primeros lugares mundiales (4º), y entre 1990 y 2005 perdió el 15% de sus bosques y selvas primarias. Por la considerable fragmentación de los ecosistemas, la distribución geográfica de muchas especies biológicas se ha reducido, con una pérdida de biodiversidad incalculable. Adicionalmente, en los últimos ocho años la política de la conservación forestal ha sufrido un debilitamiento profundo. Miles de hectáreas forestales con la más alta biodiversidad se encuentran desprotegidas, y en las ANPs mexicanas ahora se desarrollan megaproyectos carreteros, minas, explotación petrolera e hídrica irracional, construcciones urbanas y otras actividades que propician un acelerado cambio en el uso de suelo. Estudios recientes demuestran que sólo el 50% de las ANP controlan efectivamente la transformación del hábitat natural. En muchos casos, se trata de tierras marginales en las que no interesa todavía el emplazamiento de algún proceso de desarrollo altamente lucrativo.
El sistema de uso y manejo del agua en México es profundamente ineficiente y no corresponde en modo alguno al nivel de nuestra economía. Decenas de acuíferos están sobrexplotados, lo que nos obliga a transportar, con un costo energético excesivo, millones de metros cúbicos de unas cuencas a otras y extraer aguas con arsénico en cada vez más regiones del centro y norte del país. Los niveles de los mantos freáticos descienden y aumenta la salinización en los campos. Desaparecen miles de manantiales; algunos ríos que fueron perennes se han vuelto intermitentes, y otros simplemente han desaparecido para siempre. Nuestras seis principales cuencas (Grijalva-Usumacinta, Coatzacoalcos, Papaloapan, Pánuco, Balsas y Lerma-Chapala-Santiago) se encuentran entre las más contaminadas del mundo. Como consecuencia de todo esto, los ecosistemas fluviales están prácticamente destruidos.
El sistema de megapresas hidroeléctricas del país envejece y se vuelve obsoleto. En condiciones similares, en Estados Unidos se procede a su progresivo desmantelamiento y sustitución por otras formas más amables de generar energía eléctrica. En México, en cambio, se emprende el desarrollo de una nueva generación de presas, con sus implicaciones funestas: desplazamiento de decenas miles de personas, pérdida de tierras fértiles, elevación de las emisiones de CO2 y severa destrucción de la biodiversidad.
Las planicies costeras, esteros y manglares ceden cada vez más kilómetros de playas y selvas vírgenes a megaproyectos privados camaronícolas, plantaciones forestales y proyectos hoteleros transnacionales al servicio de las llamadas escaleras náuticas, los grandes corredores turísticos o los nuevos megapuertos estratégicos intermodales.
Persiste la contaminación de las tierras, alimentos, animales, campesinos y consumidores finales ocasionada por el uso desregulado de sustancias agroquímicas y veterinarias para la producción de alimentos. El maíz criollo mexicano se está contaminando con variedades híbridas y transgénicas controladas por las corporaciones internacionales. Se establece la aterradora posibilidad de que se contamine con variedades de maíz no alimentarias diseñadas en Estados Unidos como materias primas para la producción de plásticos, biocombustibles, espermicidas, anticoagulantes y usos militares secretos.
El crecimiento de la mancha urbana está sin control. La megalópolis de la Ciudad de México, desde hace décadas la segunda más grande del mundo, vuelve ahora a expandir sus tóxicas e irracionales dinámicas metabólicas ya no sólo en el conocido corazón metropolitano que forman el Distrito Federal y sus 59 municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo. Crece la corona de municipios y ciudades intermedias que le rodean en el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Recientmente se reconoció públicamente que los sucios aires de la megalópolis propician desde hace mucho tiempo la muerte de numerosas personas. Las decenas de basureros de este sistema de ciudades son enormes (algunos de los cuales son de los más grandes del mundo) y generan enfermedades gravísimas entre sus miles de vecinos.
La eufórica industria de la construcción demanda, por su parte, la apertura indiscriminada de cada vez más minas y concesiones de extracción de minerales no metálicos, como cemento, cal, arena, grava, arcillas, granitos, etc., materias primas indispensables para la expansión de las manchas urbanas, lo mismo que para la construcción de cada vez más vías rápidas interurbanas que avasallan bosques, selvas, barrancas, ecosistemas variados y tierras comunitarias.
En todo el país no hay freno al sobre-consumo. Crecen, por decenas de miles, los centros comerciales (malls) y las tiendas de conveniencia, que no han hecho sino escalar, de forma nunca antes vista en nuestro país, la generación de basuras no biodegradables y tóxicas, así como otras perniciosas externalidades. Al aumento en la generación de los residuos no corresponde, sin embargo, el esfuerzo para su manejo sustentable. La ley federal de manejo integral de residuos sólidos es, en la práctica, letra muerta; ningún municipio en el país cumple con los procesos de separación, reciclaje y reuso que ella especifica. En cambio, crece el número de empresas de servicios de recolección, transferencia y disposición final cuyas ganancias se incrementan con la generación de la basura.
Con vistas a su progresiva privatización, la política energética ha convertido a Pemex en una de las empresas petroleras que más accidentes ambientales provoca en todo el mundo. El obsoleto sistema industrial petroquímico y de refinación, así como la negligencia de las autoridades ambientales del país han permitido también que en el sureste de México se haya contaminado el entorno rural y urbano con niveles verdaderamente alarmantes de dioxinas, furanos y otros compuestos orgánicos persistentes.
La minería metálica, que ha crecido vigorosamente en México durante la última década, deforesta montañas, contamina aguas y enferma a los trabajadores mineros y pueblos que viven aguas abajo, sin que ninguna autoridad ambiental intente impedir la actuación rapaz de las empresas transnacionales que se han apoderado de los principales yacimientos del país.
II. Las causas del colapso
La situación ambiental de México, sus regiones y sus pueblos es resultado de un profundo desequilibrio en el modelo de acumulación de capital imperante en el país. Por un lado, la apertura al flujo internacional de capitales y productos ha provocado un importante aumento de la inversión en los procesos de extracción, transformación y fragmentación de los hábitats, recursos y servicios eco-sistémicos, y en la generación de residuos y desechos debidos a un consumo creciente pero irracional. Por el otro, los “efectos técnicos” esperados, que en teoría deberían aumentar el uso de procesos de producción más limpios con el aumento en los flujos comerciales, no se han hecho presentes. Ello se debe, en parte, a que el aumento en la riqueza esperada sólo ha beneficiado el ingreso en unos cuantos sectores y regiones, aumentando la pobreza en la mayoría de ellos, y en otra parte, porque las políticas de ajuste, liberalización y privatización en un contexto de competencia monopolística han debilitado tanto la voluntad como la capacidad públicas de responder a la creciente demanda social por un mejor ambiente; estimular la inversión económica y social dirigida a la conservación, remediación, rehabilitación y restauración
de los hábitats, recursos y servicios eco-sistémicos; y dar tratamiento, reuso y reciclamiento a los residuos y desechos. Como consecuencia, ahora nuestra economía es esencialmente minera (en el sentido amplio), contaminadora y no sustentable. A continuación analizaremos los actores, procesos y políticas involucrados en la formación de esta situación.
El papel de las empresas
En México, los grupos de poder económico han emprendido procesos de acumulación de capital monopolista que es difícil observar en otras partes del mundo. Unas cuantas empresas mexicanas (publicas y privadas) se han convertido en agresivas empresas transnacionales de primera importancia mundial, y otras, de origen transnacional, que comenzaron por exportar su capital hacia México, encontraron el ambiente propicio para expandirse exitosamente al resto de América Latina y el mundo. No se puede exagerar la responsabilidad de estas empresas nacionales y transnacionales en el proceso de devastación ecológica. Al ocupar con poca resistencia reguladora las ramas de energía (petrolera y eléctrica), agricultura, química, agroquímica, comunicación, construcción, minería y alimentación, dichas empresas han abusado de los recursos y principales servicios públicos del país, modificado y manipulado no sólo las leyes sino el contenido material de los objetos de consumo y el gusto de los consumidores, denegado información clave sobre lo que se consume y ocultado los saldos negativos en la salud que imponen tanto la destrucción del medio como las nuevas formas del consumo.
A pesar de ello, estas empresas no aparecen como responsables ante los medios de comunicación, la investigación científica ni la opinión publica nacional. Se las ha ocultado sistemáticamente como las principales beneficiarias de los recursos, servicios y “ventajas económicas e institucionales” del país. Son empresas que ganan y ganan, pero carecen de una deuda social y ambiental. México es uno de los países en el mundo donde mejor se oculta la responsabilidad histórica de las empresas que saquean y destruyen el medio ambiente.
¿Cómo ha ocurrido esto? Un factor es el extraordinario peso que siempre ha tenido el Estado mexicano en la organización histórica del proceso de acumulación. El Estado mexicano no sólo cuenta con grandes consorcios de energía (petróleo, gas y electricidad), parte de las comunicaciones y transportes (ferrocarriles, teléfonos, correos y televisión) y otras ramas clave (petroquímica, siderurgia, etc.). También ha jugado un papel importante en el origen de muchas empresas privadas, que nacieron y crecieron como fruto de la corrupción político-económica que permitió incubar y proteger, desde la gestión publica, a privilegiadas empresas de servicios (construcción, vivienda, alimentación, finanzas, manejo de residuos sólidos y agua, etc.), o subastar y desnacionalizar la mayor parte de los activos nacionales (siderurgia, teléfonos, satélites, carreteras, ferrocarriles, puertos marinos y aéreos, electricidad, minería, petróleo y gas, agua, salud, educación, etcétera). En México, las empresas transnacionales disponen de amplios márgenes: de cabildeo en el Congreso, de corrupción al interior de los tres poderes de unión y los partidos políticos, de presencia autoritaria en los medios de comunicación y de impunidad general ante las instancias de procuración de justicia. No es fácil encontrar reunidos estos privilegios en otros lugares del mundo.
De ahí que en la opinión pública y la conciencia nacional ordinaria predomine la falsa sensación de que el único actor responsable de las crisis, los saqueos, los fracasos y las desgracias nacionales es el Estado mexicano, mientras que, en la opinión pública internacional, se mantenga la ilusoria percepción de que México, mal que bien, avanza sostenidamente bajo el manto protector de un extraño “ogro filantrópico”. A diferencia de lo que ocurre con la opinión publica y la conciencia general de otros lugares del mundo (sean metropolitanos o del hemisferio sur), la mistificación estatista del proceso de acumulación del capital en México ayuda al encubrimiento sistemático de la responsabilidad básica que tienen todas las empresas publicas y privadas, nacionales y extranjeras, en la devastación ambiental del país.
POLÍTICAS NEO-LIBERALES
La segunda base general sobre la que descansan la erosión, deterioro y colapso del medio ambiente nacional se ubica en el diseño y aplicación de numerosas políticas públicas neoliberales del Estado mexicano. Nacidas bajo la presión de los organismos financieros internacionales y el actual proceso de subordinación de México a Estados Unidos, determinan las políticas industriales, comerciales, financieras, urbano-regionales, construcción de obra pública y agropecuarias.
El núcleo duro del neo-liberalismo está en su política industrial. Durante las décadas de los 80s y 90s, el ajuste macro-económico, la privatización de la mayoría de los activos industriales del Estado y la liberalización económica provocaron no sólo una reducción absoluta del sector manufacturero, sino que lo transformaron –principalmente con la maquila-- en un apéndice de la industria estadounidense. Desde entonces, el Estado mexicano ha ofrecido, como ventaja comparativa del país, la posibilidad de super-explotar a su población (especialmente a las mujeres y los niños mexicanos, haciéndolos objetos de devaluación y violencia), entregar nuestros principales recursos naturales estratégicos (energía y minerales) y devaluar sistemáticamente la naturaleza en todo el territorio nacional
[1].
[1] Bajo el imperio del libre comercio, las reglas para proteger el comercio, el flujo de capital y la propiedad intelectual han progresado mucho más --y más rápidamente-- que las reglas emitidas para proteger a los trabajadores o el ambiente. Una nueva generación de promotores del libre comercio reconoce que esta es una distorsión que ha erosionado profundamente la credibilidad ética y política del paradigma (Elliot, 2004). Además, la evidencia de que el cumplimiento de los estándares laborales y ambientales bloquea la formación de ganancias corporativas no es contundente (Estevadeordal et.al, 2004). Se argumenta que dichos estándares laborales y ambientales puede convertirse, sobre todo en economías medianas con una fuerte tradición de seguridad social como la mexicana, en una ventaja comparativa por los siguientes motivos: 1) facilitan la formación de mecanismos de negociación, acción colectiva y formación de capital humano durante el proceso productivo , 2) atraen corporaciones con marcas de identidad fuertes o intereses en la seguridad de su reputación. Desafortunadamente, el gobierno mexicano, de treinta años para acá más papista que el papa , persiste en sostener el mito ideológico de que el éxito del libre comercio implica necesariamente deconstruir la tradición mexicana de protección social y organización sindical, y apostar a la devaluación de nuestros principales recursos sociales y naturales para promover la inversión externa de capitales. Por ello, también, no ha firmado aún la Convención 98 de la OIT sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente.
Aumento de salarios en el norte, disminución en el sur y mano de obra no calificada. Convergencia con Centro América.
No es una casualidad que en los mismos lugares donde hoy se asientan los grandes centros industriales de las maquiladoras e impera la contratación de mano de obra femenina e infantil inusitadamente barata (como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tehuacan, Puebla, Tlaxcala, la Península de Yucatán, etc.) ocurran los asesinatos seriales de mujeres, su inexplicable desaparición forzada, la prostitución y el tráfico de blancas, las cárceles para el castigo de trabajadoras indisciplinadas, el tráfico de niños y la pederastia de curas y empresarios. Curiosamente, es en estas mismas regiones de tortura de la condición femenina e infantil donde prospera también un abanico de industrias químicas y basureros desregulados, el silencioso saqueo industrial de los acuíferos, la invaluable e infaltable connivencia de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los cementerios industriales clandestinos de askareles y otros desechos peligrosos, las mutaciones genéticas, la leucemia, la anencefalia, etcétera.
La política comercial del neoliberalismo se ha enfocado a entregar sistemáticamente el mercado al control de unas cuantas empresas, sobre todo las transnacionales más poderosas del mundo, como Telmex, Wal-Mart, Costco, Sam’s y Carrefour. Ejercitando un poder monopólico sin regulación por parte del gobierno, estas corporaciones arrebatan palmo a palmo todos los espacios previamente ocupados antes por los mercados públicos y callejeros, los cines tradicionales, el comercio mediano especializado, las papelerías, ferreterías, misceláneas, jugueterías, paleterías, cafeterías, etc. Gracias a las facilidades otorgadas por el Estado, los malls y las tiendas de conveniencia se multiplican por decenas de miles, asaltan los espacios estratégicos de los barrios, alientan el proceso general de urbanización salvaje y regulan una parte importante el uso del suelo. Incluso controlan ya buena parte del comercio ambulante de las grandes ciudades, cerrando así los últimos resquicios de supervivencia económica popular no criminal de la que disponían millones de mexicanos.
El peor saldo de la nueva política comercial, sin embargo, es la promoción sin límite de un mundo de “innovadores pero falsos” satisfactores. Miles de nuevos objetos de consumo han desplazado innecesariamente a bienes no nocivos, no tóxicos ni desechables, como son las bolsas de papel, las canastas de yute y mimbre, las botellas de vidrio, los teléfonos públicos, los jabones, los alimentos y bebidas sin agroquímicos, la ropa de fibras naturales, los juguetes, muebles y electrodomésticos de madera, entre otros. Para promover una “falsa calidad de vida”, el Estado mexicano no sólo permite sino que estimula irresponsablemente la producción y venta de millones de toneladas de falsos “satisfactores” modernos, en realidad productos profundamente adictivos, como son los falsos alimentos tipo McDonald’s, las miríadas de accesorios suntuarios, la literatura y video del engaño --banales y efímeros—, etc., así como los productos que envenenan cada vez más a los consumidores, como son los alimentos saturados de sustancias químicas tóxicas, los peligrosos teléfonos celulares, los medicamentos iatrogénicos y generadores de fármaco-dependencias, etc. Estos y otros objetos son promovidos como “emblema de libertad y comunidad”, pero sólo son entrañables vulgaridades propias del capitalismo salvaje. Entretanto, también se estimula la venta de objetos como televisores, radios, computadoras, focos, lavadoras o juguetes que promueven un consumo de energía ilimitada y una demanda eléctrica urbana no sustentable. Los nuevos patrones de consumo intoxican el ambiente con millones de toneladas de plásticos, baterías eléctricas, llantas, fármacos, cosméticos o sustancias químicas nocivas que terminan como basura. Poco a poco, la vida consumista se ha convertido en la herramienta estratégica de la sujeción de México a Estados Unidos.
Buscando articular las políticas mencionadas, el Estado mexicano también se ha encargado de impulsar una nueva política regional y urbana. Es muy poco lo que puede hacer el ordenamiento ecológico y territorial establecido por las leyes mexicanas frente al estímulo del Estado mexicano a los nuevos procesos capitalistas de uso del espacio nacional, que operan en función de las necesidades espaciales de la industria corporativa, las mega-ciudades y las infraestructuras estratégicas. Estos procesos han impuesto una redefinición de las regiones con recursos naturales estratégicos (petróleo, gas, electricidad, minería, biodiversidad y agua), así como del desarrollo de los centros urbanos, corredores urbano-industriales, redes de infraestructuras de transportes, comunicaciones, energía y agua, para el mejor aprovechamiento y control del espacio territorial mexicano por el capital monopólico nacional y extranjero. un
En lo fundamental, la política nacional de vivienda no está dirigida a resolver de fondo la necesidad de hogares, transportes y servicios causadas por el crecimiento poblacional, sino a promover y mantener una economía de especulación y despojo en el mercado de bienes raíces y la industria de la construcción. La falta de compromiso del gobierno con la atención adecuada a la demanda de servicios se expresa, por ejemplo, en los insuficientes recursos económicos –tanto créditos como subsidios-- que destina a los programas de vivienda no terminada –que son los que en realidad se dirigen a la población mayoritaria de menores ingresos. En cambio, su compromiso con los aspectos especulativos del mercado de bienes raíces es patente, pues no sólo ha impulsado numerosos mecanismos para estimular a los trabajadores de cuello blanco, cuadros medios del gobierno o las empresas, a invertir sus medianos ahorros en la adquisición de bienes inmuebles de bajo costo como un medio para enfrentar la creciente incertidumbre de la economía mexicana, sino que brinda a las empresas de construcción y comercialización inmobiliaria todo tipo de recursos públicos directos y facilidades para la expansión incontrolada de su industria. Entre las “facilidades” se encuentran un “servicio ampliado” de gestión estatal y municipal de los permisos de construcción caracterizado por una observancia excepcionalmente relajada de las normas de construcción y protección ambiental, por lo que en todo el territorio nacional estas normas son violadas sistemáticamente por empresas constructoras como ARA y GEO, haciendo que las nuevas viviendas del Sistema Urbano Mexicano sean todo menos “dignas y decorosas”. Con esta y otras acciones parecidas, la actual política urbana alienta la especulación incontrolada y creciente de la tierra; un auge irresponsable y alevoso de la industria de la construcción; la entrega del uso de suelo urbano y el manejo de las cuencas a la mafia inmobiliaria, industrial y comercial; la construcción de millones de “casitas Auschwitz”; la exacerbación de la privatización y desnacionalización de los servicios públicos urbanos para convertirlos en dominio absoluto del parque vehicular privado de las ciudades (verdadero regalo envenenado de la industria automotriz transnacional); y la entrega del agua, la basura, los falsos servicios de remediación ambiental, la seguridad, la educación o la salud municipales a grandes cadenas transnacionales especializadas.
Estas contradicciones de las ciudades en crecimiento salvaje son mediatizadas por la licuadora sensorial creada por los medios masivos de información: televisión, radio, prensa e internet. Los medios permiten simular prosperidad, estabilidad y democracia en la vida urbana, al atomizar lo comunitario, azuzar el consumo y la competencia extrema y embriagar a los solitarios pobladores. Por ello, aunque los urbanistas, sociólogos y geógrafos hablan mucho de la desmaterialización de la vida y de las relaciones de las ciudades con su Hinterland, ocasionada por la globalización informatizada de la City, y en el imaginario de la burguesía mexicana el crecimiento urbano se presenta como el florecimiento de una pujante y emprendedora clase media, que los partidos políticos de ultra derecha o de “izquierda moderna” buscan cortejar y regentear, la verdad es que con nuestras ciudades crece el agotamiento irreversible de los recursos naturales que avanza por los crecientes círculos concéntricos de su infernal metabolismo. La vida económica de las ciudades toma de los campos sus aires y aguas limpias, los alimentos, la energía, los minerales, la base biológica y gnoseológica de los medicamentos, los servicios ambientales, los saberes ancestrales, la cultura e incluso la población, con el robo integral de todas las fuerzas productivas que ello implica. A cambio de estos recursos, las ciudades regresan a los campos excrementos y tóxicos químicos, lixiviados de sus basuras, gasolinas, grasas y smog, y desde ellas avanzan la “gran ingeniería y la tecnología dura”, que se extiende por el campo derribando y minando las montañas, apresando las aguas, sobrexplotando los acuíferos, calentando la atmósfera y degradando la biodiversidad con agroquímicos y organismos transgénicos.
Y, naturalmente, las ciudades mexicanas también regalan a los campos el desprecio por la vida comunitaria y el racismo contra los indígenas, así como la presencia de técnicos, profesionistas y burócratas, la mayoría de ellos profundos ignorantes, que promueven el modo “chatarra” de cooperar, producir, consumir y atender el bienestar social propio de las ciudades mexicanas, junto con la cultura “democrática” de sus solitarios individuos. Así es como hoy se expande y potencia en México el viejo dominio de la ciudad sobre el campo.
Desde hace más de una década, la política agropecuaria ha sido reorganizada para reducir los apoyos productivos a los agricultores campesinos y desmantelar la soberanía alimentaria mediante la apertura de nuestro mercado a la importación de granos estadounidenses subsidiados. Simultáneamente, se ha intensificado la sobreexplotación de la tierra fértil, el agua y la biodiversidad en las regiones donde operan los sectores rurales más ricos dedicados a la exportación agrícola, ganadera, pesquera o forestal. Bajo la protección estatal ha proliferado la venta de paquetes tecnológicos producidos por las más poderosas empresas agricultoras transnacionales, principales monopolizadoras mundiales de la producción de agroquímicos, fármacos veterinarios, maquinaria y alimentos transgénicos.
Las inversiones de largo plazo dirigidas a la conservación de los recursos naturales y socio-ecosistemas del medio rural han decrecido notoriamente. Tanto la política macro-económica como la sectorial primaria han propiciado inversiones dirigidas a las actividades extractivas a gran escala, que tienden a convertirse en beneficios económicos casi exclusivamente para las unidades domésticas más ricas. Las pocas reinversiones, además, han promovido la adquisición de bienes de capital importado o la búsqueda de rentas extraordinarias obtenidas a partir de una mayor explotación de las “reservas de recursos”, es decir, en un desarrollo económico basado en el aprovechamiento desmedido de los ecosistemas o en la expansión de la frontera agrícola (destrucción de los ecosistemas) que funciona por corto plazo y cuyos beneficios se disipan rápidamente. Mientras, en los medios rurales tradicionales la desaparición de los mercados locales para productos campesinos, la irrupción del poder monopólico protegido desde el gobierno y la desestructuración de las relaciones agrarias para dar paso al acceso abierto son factores que han debilitado la inversión campesina y con ello las posibilidades de una economía rural tradicional basada en el manejo sustentable de las tierras, aguas y bosques. La creciente degradación de las tierras y aguas abandonadas o semi-abandonas por los migrantes, y la pérdida de las prácticas de vigilancia y conservación de los bosques son expresiones de este proceso.
LA DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA ERA DEL TLCAN
El desarrollo reciente del capitalismo mexicano ha tenido un impacto definitivo en los tejidos comunitarios y sociales (indígenas y mestizos, rurales y urbanos). Ya que a estos tejidos se debe la creación, sustentación y desarrollo de numerosos recursos tradicionalmente dedicados al manejo sustentable y conservación de los socio-ecosistemas, su deterioro constituye una tercera base del colapso ambiental
[1].
Una lista no exhaustiva de los factores que han contribuido a este deterioro incluye: la crisis agrícola y rural, la emigración desde el campo, la explosión urbana, el desempleo y el subempleo, los programas públicos de generación de ingreso por vías ajenas a los modos de vida comunitarios
[2], la emigración a Estados Unidos, la penetración de los medios de comunicación en la vida cotidiana, la universalización de los aspectos más nocivos del “American Way of Life” (como el sobre-consumismo), la inseguridad y el crimen generalizado. Al dar rienda suelta a todos estos procesos, el desarrollo neoliberal ha acarreado el debilitamiento de numerosas relaciones de solidaridad y formas de decisión colectiva dentro y entre las familias y los pueblos, así como de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, de las instituciones políticas, económicas y culturales, e incluso de los principios constitucionales de nuestra identidad nacional (como fue la contrarreforma de 1992 del artículo 27 de la Constitución y su Ley Agraria). Muchos de estos factores no son nuevos, pero si es nueva la profundidad con que han desmembrado las estructuras y capacidades de autogestión social.
En el discurso –pero sólo ahí—los gobiernos neo-liberales persisten en tratar de compensar el deterioro comunitario con la introducción de nuevas virtudes sociales y personales “modernas”: agencia libre, cooperación, equidad, eficiencia y sustentabilidad. Pero, ¿cómo puede esto lograrse sobre las ruinas sociales, morales y psicológicas producidas por la disrupción de lo comunitario? La respuesta supuestamente contundente del neo-liberalismo es: con el bienestar personal y social que confiere un mayor ingreso debido al crecimiento económico. Por más de veinticinco años los profetas neo-liberales han argumentado que el crecimiento económico permitirá en un futuro cercano arribar a una sociedad social, económica y ambientalmente sustentable. El argumento no tiene fundamentos lógicos y nunca ha sido demostrado históricamente (ver Pipitone, 1995), pero brinda una justificación pseudo-ética –más bien política-- a la necesidad de “colocar en espera” a la sustentabilidad para garantizar el funcionamiento de los mercados. Así, incluso en la SEMARNAT y en las secretarias del ambiente estatales, la propiedad y el crecimiento son principios superiores en la escala de valores, y la sustentabilidad es una simple promesa de un futuro mejor.
Pero la frustración económica, política y ahora socio-ambiental; el desempleo y la pobreza crecientes; la desconfianza en los gobiernos neo-liberales y la corrupción; estos y otros factores han perturbado totalmente el sistema de necesidades fundamentales de las personas. Poco a poco, a golpe de ‘shocks’, engaños, falsas expectativas y sorpresas indeseadas, se han ido borrando del imaginario popular las nociones de una vida económica y ciudadana digna, en un ambiente ecológico adecuado. Como señala Max-Neef (et al.,1986), las personas hemos dejado de comprender y, por lo tanto, nos hemos convertido en masas cínicas, o más bien perplejas, alienadas e impotentes ante la realidad. A esta realidad neo-liberal le van muy bien las siguientes palabras de Karl Polanyi:
‘…de aplicarse el remedio, produciría por todas partes la enfermedad hasta llegar a la muerte. Esta es la forma en que perecen las civilizaciones…El sistema económico que estaba en peligro de destrucción se fortalecería de ese modo, mientras que la gente misma era sometida a una reeducación destinada a desnaturalizar al individuo y volverlo incapaz de funcionar como la unidad responsable del organismo político.’
(Polanyi, 1957, pp. 237)
A la condición de alienación y cinismo social creada por el neo-liberalismo mexicano han correspondido perfectamente no sólo la transformación de los patrones de trabajo y consumo descritos antes en torno a la política industrial y comercial, sino también la política destinada a atender la reproducción social en las áreas de la nutrición, salud, reproducción, vivienda, educación, cultura y descanso. Bajo la premisa de que se debe de evitar cualquier intervención que distorsione el funcionamiento del mercado, la política social se ha reducido hasta su mínima expresión y ha dado origen a una atención a la pseudo-satisfacción de la subsistencia.
El núcleo de la política social neoliberal es el sacrificio de la producción y reproducción demográficas. Como parte de ello, a la política demográfica nunca se la formula de forma completamente explícita y coherente. De manera que, aunque no se pueden encontrar documentos oficiales que hablen redondamente de algo así, sí se puede observar claramente que, en su lugar, existe una forma de actuación sistemática aunque esquizofrénica por cuenta del Estado neoliberal, pues existen políticas que, por un lado, fomentan y aprovechan abiertamente el boom demográfico con políticas de salud, alimentación e higiene que se aplican rigurosamente en todo el país, fomentando la producción de sobrepoblación; pero, por otro lado, también se promueve abierta o clandestinamente, la regulación selectiva de este crecimiento.
En acuerdo con el crecimiento demográfico, existen políticas dedicadas a vender la sobrepoblación dentro del mercado mundial como el “bono demográfico” que nos otorga una ventaja comparativa en el mercado mundial o como la base de esa exitosa exportación de migrantes que redunda en la estratégica importación de remesas, o los negocios telefónicos de un tal Slim; ventajas de la sobrepoblación que combinan bien con las políticas panistas, de la Iglesia mexicana y de Pro Vida, destinadas a prohibir cualquier modo de planificación familiar de la natalidad.
En sentido opuesto, pero en acuerdo con las otras políticas ¾dedicadas a la regulación y reducción de la población¾, tenemos frente a nosotros los programas oficiales de regulación de la natalidad, la esterilización secreta de sectores marginados e indígenas, el exterminio de sobrepoblación que alienta la permisividad del consumo de drogas letales entre los más pobres, la desatención extrema de la indigencia y el trabajo infantil, la pederastia o la violencia sistemática contra las mujeres.
El mejor espejo general de esta velada política demográfica es la política indígena gubernamental que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial manifestaron en 2001 y 2002, al denegar sus derechos a los pueblos indios. Mediante un sorprendente acuerdo político unitario, el PAN, el PRI y el PRD recortaron incluso las leyes entonces vigentes para mejor controlar a este grupo de población que, después del levantamiento zapatista de 1994, como todos sabemos se compone de 10 a 12 millones de personas que padecen una marginación indescriptible y que, sin embargo, empeora día con día. Así, se conforma una política demográfica de exterminio económico de un grupo social que es, para el Estado neoliberal mexicano y para el capital que lo domina, racial y geopolíticamente incómodo.
En el fondo, esta voluntad de exterminio indígena apenas se maquilla como desatención o carencia presupuestal para garantizarles servicios de salud, educación, transportes o comunicaciones. Si el Estado keynesiano brindaba incipientemente estos servicios en vistas a una posible integración cultural, política y, posiblemente económica, de los pueblos indios, el neoliberalismo cancela tales aspiraciones y desnuda sin más su visión racista contra estos pueblos, al no aceptarlos como sujetos de derechos económicos, políticos ni culturales, sino sólo como objetos económicos, en tanto materia prima de la genómica, de la bioprospección antropológica y lingüística de la farmacéutica, o del folklore turístico internacional, o bien, como objetos de una manipulación política que resulta necesaria al momento de preparar conflictos interétnicos que conduzcan al despojo de los recursos naturales estratégicos, el saqueo de los saberes locales o la venta de sus servicios ambientales para beneficio de la conservación transnacional.
La política social neoliberal ha sido concebida como un mecanismo de destrucción rápida y directa de los tejidos comunitarios de los pueblos indios y demás grupos de marginados. Para ello, el Banco Mundial y los tecnócratas diseñan sus programas de “atención” a la pobreza como programas de manipulación de la alimentación, la salud y la educación de estos grupos. En ello, desempeña un papel central el desmantelamiento y la sustitución del milenario sistema alimentario del maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate, yerbas y frutas locales y la promoción, en los pueblos, de la comida chatarra, la sopas Maruchan, galletas de harinas y azúcar refinadas, Coca Cola, etc., la aplicación de programas de salud reproductiva, control de la natalidad o incluso esterilización encubierta que reducen drásticamente la fertilidad de estos grupos, la impartición de modelos de educación juvenil que estimulan la vergüenza por la identidad indígena y el deseo de emigrar hacia las ciudades y, finalmente, la distribución de magros apoyos financieros ¾individualizados y a mujeres que se disciplinan dentro de estas prácticas¾, lo cual dolosamente pasa por encima de las instituciones comunitarias dedicadas a la toma de decisiones. Con todos estos mecanismos, el Estado mexicano aplica cuidadosamente una ingeniería del conflicto que alienta las envidias y destruye los vínculos de confianza que sobreviven entre las mujeres, último reducto de cualquier organización comunitaria.
La política de salud es también una pieza clave de la política demográfica. No casualmente, el gobierno mexicano entrega directamente el control del Instituto Nacional de Nutrición a las empresas transnacionales dedicadas a la producción de comida, refrescos y aguas embotelladas, e incluso, de comida chatarra.
Como complemento, se estrangula estructuralmente el presupuesto de los servicios médicos y hospitalarios del Estado; se castiga el salario regular, las prestaciones, los fondos de pensión y las jubilaciones de los trabajadores de la salud; se propicia la obsolescencia dolosa del equipo y las infraestructuras; se castiga la investigación médica que más requiere el país, o se promueve la importación de biotools y medicamentos de patente a precios monopólicos impuestos por las transnacionales farmacéuticas. En los pocos centros de investigación que todavía reciben apoyo, se adoptan sin discusión ni moderación todos los lineamientos que marcan las nuevas medicinas basadas en la información genética, mientras quedan bajo el control de las empresas médicas y farmacéuticas transnacionales, que establecen patentes exclusivas en torno de las que se identifican como principales enfermedades genéticas de los mexicanos.
En paralelo, sobre la base de la precarización de los servicios médicos públicos, se desata la negligencia médica sin control alguno, un creciente sistema de encubrimiento e impunidad de estas irresponsabilidades, un manejo irresponsable de los desechos hospitalarios que son arrojados sin más al medio ambiente, una privatización creciente de los servicios, el control transnacional de los medicamentos, la prohibición absurda del uso de las plantas medicinales y las técnicas curativas tradicionales de México, el escalamiento en el precio de los medicamentos, así como la progresiva corrupción de algunas instituciones y personal médico que se abocan al libre mercado de órganos.
En concordancia, crece de manera cada vez más abierta y cínica, una epidemiología mercenaria que se dedica a encubrir la responsabilidad y las deudas social y ambiental que las empresas neoliberales y el Estado mexicano han adquirido en la progresiva degeneración y destrucción del medio ambiente y la salud de los mexicanos. Ello ocurre, lo mismo con el estallido de las epidemias de obesidad y diabetes, ocasionadas por la adulteración hecha por el TLCAN de la dieta nacional, que con el boom de enfermedades como el cáncer y las mutaciones genéticas, disparadas por el incremento en la carga de dioxinas, furanos, metales pesados, organoclorados y otras sustancias tóxicas que reciben las tierras y aguas del país, como resultado del incontrolado consumo de pesticidas, quema de basuras municipales infinitas o la emisión de residuos industriales.
Otro complemento de esta catástrofe ambiental esta en la política informativa que sobrevuela en trono de nuestras desgracias ambientales y de salud. Gracias a la privatización y concentración de la propiedad extrema de los medios masivos de comunicación, existe en México una política de control riguroso de la libertad de información que le impide a la sociedad civil la divulgación masiva de información crítica en radio y televisión. Como consecuencia, estos medios nunca ventilan democráticamente nuestros principales problemas de salud y ni los asociados con el deterioro del medio ambiente y la calidad de la vida, dejando la opinión sobre cualquiera de estos problemas en manos de “científicos especializados”, pero también expertos en obedecer la línea de las empresas transnacionales.
Por lo mismo, no se habla del deterioro estructural de las condiciones de vida que padece la gente, ni de la verdadera y catastrófica destrucción que sufre la naturaleza de México. Menos aún se razonan críticamente las causas de estos problemas y, en todo caso, sólo se banalizan los efectos y las protestas ciudadanas, cuando éstas traspasan la barrera de la censura informativa que el libre mercado nos impone “democráticamente”.
Como resultado general de las políticas económicas y sociales que el neoliberalismo impone en México, se decanta nuestra política ambiental neoliberal. No es por ello casual que ésta se fundamente en la aplicación de las políticas de la llamada “sustentabilidad”, según la cual, el mercado soluciona todo vendiendo y comprando. Ni es tampoco fortuito que, aplicando esta regla de libre mercado del TLCAN, se haya depredado el medio ambiente, pues la sustentabilidad de los nuevos “mercados verdes” de todo tipo de servicios ambientales (que incluye la privatización de plantas de tratamiento de agua y los basureros, la biorremediación, la construcción de “carreteras verdes”, unidades habitacionales “ecológicas”, etc.) cae sobre ese terreno cuidadosamente predefinido por el torcimiento de nuestras leyes o la nula aplicación de aquellas que sí impiden negocios a las fuerzas más poderosas del mercado, por la ausencia de vigilancia, la anuencia de las autoridades al uso indiscriminado de sustancias agrotóxicas por cuenta de la industria química, o el saqueo industrial del agua, así como por la exclusión de la vigilancia y participación ciudadana en la gestión de los problemas ambientales cruciales y la usurpación de la ciudadanía en los cuerpos consultivos y de vigilancia por cuenta de las mismas empresas que aparecen en ellos como personas (morales) interesadas.
La dislocación de las prácticas institucionales en la era de George W. Bush
En la medida en que las políticas económica y social de la nación no han estado enfocadas a un verdadero desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, el saldo de las últimas cinco décadas de neoliberalismo no se expresa únicamente en el fracaso reiterado de los programas de crecimiento económico. Estos fracasos han definido, adicionalmente, un modo de intentar neutralizarlos y esconderlos (no de resolverlos realmente), mediante la reiterada adopción de medidas deslumbrantes pero inmediatistas o de emergencia, con cada vez más ingredientes de insustentabilidad económica, política, social y ambiental. Si miramos con detenimiento el camino recorrido por estas propuestas, encontraremos una larga estela de huidas hacia adelante.
Nos referimos a las sucesivas apuestas por la importación indiscriminada de inversión extranjera especulativa pero, sobre todo, por la privatización y desnacionalización acumulativa de los principales activos industriales y servicios financieros del Estado. También esta ahí la apuesta por la Inversión Extranjera Directa en la rama automotriz y por la industria maquiladora de exportación (que supuestamente echaría mano del bono demográfico); la apuesta por el uso del territorio como istmo de paso estratégico entre el este de Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico (con la carretera inteligente de Salinas, los corredores de integración urbano industrial de Zedillo, el Plan Puebla-Panamá de Fox, y el Plan Mesoamérica de Calderón); o también la apuesta por sacar raja de los flujos de emigración más grandes del mundo (mediante cargos bancarios a las remesas, onerosas llamadas telefónicas, venta de tortillas y telenovelas en las metrópolis yanquis, etc.); así como la actual obsesión por salir avante de la estanflación mundial mediante la aplicación de programas descomunales de urbanización salvaje en todo el territorio nacional.
Como resultado de esta forma crónica de fracasar en la que se ha especializado nuestra emprendedora burguesía nacional, en México ocurre un incontrolado desbordamiento de la corrupción empresarial, de los partidos políticos, de los funcionarios públicos (en las instituciones administrativas, policiales, legislativas y judiciales), así como de los científicos, intelectuales, curas, periodistas y un largo etcétera.
Interminable sistema de fraudes que garantiza la reproducción de las mafias del poder político y económico y que complementa el monopolio de la violencia que sólo favorece a quienes detentan el monopolio de la riqueza. Este desbordamiento de la corrupción ha conducido hacia la inevitable estructuración y crecimiento de la economía criminal como un elemento indispensable dentro de la economía convencional y el funcionamiento “normal” del Estado mexicano.
La pieza clave del actual sistema de corrupción política y empresarial que destruye al país está en el control del sistema judicial, pues sin éste, resultaría inimaginable la impunidad creciente de la que goza el nuevo ejército de poderosos funcionarios en curso de asociación con todo tipo de criminales industriales, comerciales, financieros, políticos, ambientales, de la salud, etc., ya sea que se trate de criminales nacionales (que operan como caciques municipales, estatales o federales, mandos policíacos y del ejército, periodistas, líderes de opinión o jerarcas eclesiásticos), o bien, de criminales estadounidenses, chinos, españoles, gallegos, etcétera.
Como la masa de crímenes crece mucho mas rápidamente que el actual proceso de torcimiento de las leyes, se requiere de una prolífica inventiva que ha dado nacimiento a una ingeniería política en el diseño de todo tipo de fraudes, así como de otra ingeniería en el manejo de los medios de comunicación por parte de los tecnócratas encargados de la imagen de los poderosos, conforme estallan sucesivos escándalos de corrupción. Finalmente, también se desarrolla otra ingeniería de cinismo extremo en materia de interpretación constitucional, conforme las demandas ciudadanas ascienden por el kafkiano castillo de las instancias judiciales, hasta llegar al supremo círculo infernal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La corrupción del poder judicial ha sido puesta al servicio puntual de las nuevas políticas públicas neoliberales, conformando así una gruesa capa de actos corruptos, negligentes, dolosos, autoritarios, de desgobierno, saqueo, sadismo jurídico y escalamiento de todo tipo de conflictos.
Gracias a lo anterior, priva entre la nueva generación de empresarios y políticos ¾nacionales y extranjeros¾, el espíritu del usufructo y el lucro privado, del inmediatismo, de la ganancia fácil en ausencia de previsión y cualquier principio precautorio, así como del saqueo indiscriminado de todas nuestras riquezas nacionales. Tomar lo que se pueda cuanto antes, porque eso es lo mejor. Por ello, priva la burla hacia quien se alarme por las consecuencias futuras, las cuales, en realidad, mañana ya se verán y serán atendidas por el libre mercado de lo sustentable, que es un “mecanismo inteligente e infalible”.
Como resultado general, cada aspecto de la vida económica nacional es visto como un paraíso de ganancias fáciles y acaparamiento extremo de recursos. No en balde, se incuban en México algunos de los empresarios (y prestanombres) más poderosos del mundo, al tiempo que acuden alegremente al país todas las empresas transnacionales que buscan ganancias fáciles sin tener que enfrentar mayor restricción ambiental.
Como ello ocurre en un contexto de desmantelamiento sistemático de nuestra soberanía, todo este proceso de asalto y destrucción goza de la simpatía de los principales poderes económicos y políticos internacionales, que miran a México como un espacio en el cual también ellos pueden obtener ganancias extraordinarias fáciles, sin las engorrosas restricciones ambientales que cada vez se complican más en el resto del mundo. Ganancias extraordinarias que resultan particularmente útiles en momentos de crisis y desesperación empresarial como el actual.
Caminando la senda anterior, el Estado mexicano ha llegado hasta la crisis general de sus funciones básicas de gestión. Pues las nuevas “reglas” del juego político que imperan son completamente salvajes (la guerra de todos contra todos). Dentro del Estado neoliberal mexicano ha estallado una fragmentación extrema de todos los grupos políticos y una guerra franca entre los variados grupos de interés que hoy disputan el control de los tres poderes de la unión, de cada uno de los partidos políticos (grandes y pequeños), de las instituciones religiosas, educativas, delincuenciales, y de cada una de las sectas menores que intentan intervenir en la vida política nacional. Guerra que naturalmente ocurre adentro y entre cada uno de los tres niveles de gobierno, así como en todas las escalas de la vida política de la sociedad civil.
La virulenta disputa por el control de las instancias que permiten el poder y el control de los recursos materiales y los otros impide, de forma estructural, que cualquiera de los grupos y sectas políticos y las instituciones de gobierno cumplan su función elemental de gobernar y resolver los servicios de gestión que requiere la población. Por ello, ocurre actualmente que cada vez más instituciones del Estado y sus funcionarios pierden la capacidad, las maneras y los conductos que tradicionalmente existían para establecer contacto con la sociedad civil, así como para realizar las negociaciones que conlleva la función pública.
[1] A los tejidos sociales con estas capacidades se les denomina en la literatura reciente “Capital Social”.
[2] Solidaridad, Procede, Progresa, Oportunidades, Vivir Mejor, etc.
III. Las consecuencias de la crisis
Se dice fácil, pera la descripción de la manera en que a México se le ha convertido en uno de los países más destruidos social y ambientalmente del mundo resulta muy dolorosa de ser detallada.
1. Comencemos de nuevo por el campo. La presión que la política neoliberal le ha impuesto al campesinado mexicano le ha obligado a competir con el agro y la ganadería subsidiada de Estados Unidos. Esta guerra abierta contra la agricultura de mediana y pequeña escala esta debilitando severamente a estos agricultores que hoy representan el principal dique que todavía convive y protege la mayor parte del medio ambiente rural.
Si atendemos a las perdidas que ya se pueden medir como destrucción irreversible de los recursos naturales del campo mexicano (ríos, lagos, suelo arable, bosques, biodiversidad) y los flujos migratorios que progresivamente tienden a vaciar regiones de hombres y de población adulta en edad laboral, se puede afirmar que se trata de una guerra que hasta ahora los campesinos van perdiendo, a pesar de la enorme e indudable resistencia que ofrecen.
Otra severa destrucción del ambiente rural se observa entre los grandes propietarios de tierra y agua, o bien entre los campesinos tecnificados que pueden participar dentro de la agroexportación. Pues los paquetes de la revolución verde imponen el uso ilimitado de sustancias agroquímicas y de aguas de riego. Particularmente acentuada en los invernaderos para cultivo de hortalizas, flores, etc. A lo que se suma el emplazamiento de plantaciones forestales (desiertos verdes) y megagranjas de pollos, credos, peces, camarones, etc. Todos estos “progresos” agropecuarios se los ha logrado convertir en la emisión masiva de sustancias perniciosas hacia ríos, acuíferos, presas y tierras. Agrotóxicos que terminan depositándose en el cuerpo de los agricultores y los consumidores, propiciando que aumenten os grupos de la población cada vez más enfermedades degenerativas y mutagénicas.
Otro factor catastrófico que alientan los agricultores que hoy triunfan en la exportación de hortalizas, flores, frutas, etc. hacia el mercado estadounidense es la sobreexplotación de las aguas del subsuelo. Tal como se observa en el Bajío o La Laguna y en los estados de México, Hidalgo o Chihuahua, donde el bombeo de aguas cada vez más profundas propicia un consumo creciente de arsénico entre la población, lo que alienta el desarrollo de más enfermedades degenerativas entre los campesinos.
Aunque la sequía de los ríos y lagos, el descenso de los espejos de agua y el derretimiento de nuestros glaciares es atroz y nos acerca hacia inminentes hambrunas, no obstante el principal colapso ambiental del campo mexicano encarna en la actual guerra que las principales empresas trasnacionales de la agrofarmacéutica (Monsanto, Pioneer, Dow Chemical, DuPont, Archer Danelds Midland, Cargill y Maseca) le han declarado al maíz mexicano. Guerra que ya no sólo consiste en la contaminación incontrolada del maíz BT estadounidense que se exporta hacia México, de la transformación de nuestras leyes de bioseguridad al gusto y medida de estas empresas, y de la creación de ominosas nuevas leyes que prohibirán el intercambio de semillas nativas y obligaran a la compara de semillas patentadas. La peor parte de esta guerra comenzará pronto cuando comiencen a ingresar dentro del país la nueva ola letal de la segunda generación de maíz transgénico ya no alimentario, enfocado exclusivamente a la producción de plásticos, espermicidas, anticoagulantes, energéticos y usos militares secretos.
La aplicación de estos negocios destructivos que benefician a las necrófilas empresas agrofarmacéuticas se apuntala con la falta de orientación informativa de los campesinos y la población en general en trono de estos peligros, así como en la ausencia de regulación epidemiológica y ambiental, y en la nula o escasa investigación de los procesos de devastación que hoy ya se padecen en el campo pero que les tienen sin cuidados a las instituciones de salud o los centros de enseñanza e investigación superior.
Por diversas causas el panorama es de destrucción general de aguas, tierras, aires, bosques, biodiversidad, ecosistemas, condiciones de vida y soberanía alimentaria,. A lo que se suma el progresivo despojo de los campesinos sean con los pocos recursos rurales de buena calidad que todavía les sobran, recursos que en virtud a su carácter escaso creciente se han vuelto cada vez más estratégicos.
2. La política industrial neoliberal propicia por un lado la adopción de un patrón industrial basado en el crecimiento de la industria del ensamble maquilador (textil, de arneses, electroinformático, químico), que conforme sube la presión competitiva de la extraordinariamente barata mano de obra asiática sólo acierta a ofrecer como su principal ventaja comparativa para los capitales externos la oportunidad de poder producir depredando y contaminado sin límite alguno las aguas, suelos, aires y cuerpos de las obreras mexicanos. Pero esta misma política industrial y por su posición geográfica México también ha sido elegido para el emplazamiento de la producción globalizada de vehículos automotores. Con la consiguiente sinergia que ello ha propiciado en el desarrollo de parques industriales complementarios y en la elevación descomunal de las tasas de consumo de energía y agua.
Tanto en la fase de la sustitución de importaciones como en la era neoliberal la industria energética nacional no ha perdido su función básica de subvencionar a la industria. La única diferencia entre ambos periodos es que en la actualidad se subvenciona con tarifas bajas al capital trasnacional maquilador, electroinformático o automotriz. Si bien, además de las bajas tarifas existe esa otra subvención ambiental que las futuras generaciones deberán pagar por la alta tasa de accidentes ambientales que hoy produce nuestra industria energética por explosiones en ductos y almacenes, derrames de aceite en mares y ríos, campos pardos en Terminales de Almacenamiento y Distribución de Pemex, gasolineras, etc. Externalidades artificialmente fomentadas por el deterioro planeado de Pemex, así como todos los desechos nocivos que le ha dejado al país la CFE: emisiones de CO2 por quema de coque, depósitos clandestinos de askareles en diversas regiones del país, y por los residuos radioactivos de Laguna Verde.
A la inicial y parcial destrucción ambiental que originalmente impuso la era de la sustitución de importaciones le sucede no sólo una progresiva destrucción del mercado interno y sus cadenas industriales, sino paradójicamente un sesgado crecimiento de unos cuantos sectores altamente globalizados (automotriz, cemento, vidrio, química, agua embotellada, alimentos) que en función de la enorme demanda que atienden y los nuevos procesos técnicos escalan como nunca antes su potencia depredatoria de recursos naturales y su capacidad de envenenar irreversiblemente el medio ambiente.
Ello propicia una política de concesiones y saqueo de los recursos, o bien de contaminación del agua dulce de los ríos y el subsuelo en todas las regiones en las que prosperan los dinámicos nuevos clusters industriales. Lo que a su vez promueve la exacerbación del agigantado consumismo automotriz, electroinformático, eléctrico, así como la plastificación desregulada de la vida cotidiana, y sobre todo la generación y acumulación de nuevos tipos de basura irreciclable.
Como la privatización de los recursos estratégicos y de los servicios urbano industriales también estratégicos es el sello general que marca el nuevo desarrollo industrial conformado por la subordinación de México a Estados Unidos, estamos frente a un proceso de crecimiento industrial basado en la lógica del saqueo, el despojo, la corrupción de las autoridades ambientales, el deterioro de la calidad del consumo y la contaminación ambiental.
3. La especialización del país como un centro productor estratégico de sobrepoblación regional destinada a los grandes centros urbanos del NAFTA, tiene como costo ambiental en el campo el hecho de que nuestra sobrepoblación rural se ha convertido en una causa real propiciatoria de parte del avance de la frontera agropecuaria sobre selvas y bosques, y por ende de la aguda deforestación nacional, así como de la creciente escasez cualitativa y cuantitativa del agua, de la disputa violenta por la sobreexplotación de este y otros recursos (madera, biodiversidad, etc.). Mientras la emigración o la pérdida de fuerza de trabajo se expresa también en el abandono de prácticas y recursos de inversión en la conservación.
4. La apertura del libre comercio también convierte al moderno consumismo de bienes, imágenes y símbolos en una forma de simulación del bienestar que resulta clave para el control político “democrático” de la ciudadanía. De ahí la confusión dolosa que los medios de comunicación y los peores estudios económicos y sociológicos hacen de este consumismo con un supuesto desarrollo de los índices de bienestar. Como el consumismo del libre comercio esta asociado a las industrias comerciales este proceso empata con la explotación ilimitada de recursos, pues las empresas comerciales globales como el Wallmart, Costco, Sams y Carrefour, basan su actuación en la promoción de un consumo ilimitado entre sus clientes.
No casualmente el emplazamiento de los grandes centros comerciales (malls), de las cadenas de tiendas de conveniencia y de todo tipo de papelerías, restaurantes, etc. convierte a todos los centros urbanos de consumo (grandes, medianos y pequeños) en generadores ilimitados de desechos tóxicos e irreciclables que van a parar en las aguas, los aires y los basureros de desechos sólidos. De ahí la crisis y el actual colapso de la basura nacional, estatal, municipal y barrial, así como la saturación de basura en las barrancas, las orillas de las carreteras, las calles de las ciudades, los ríos, las playas e incluso el océano mundial y la estratósfera.
5. El crecimiento indiscriminado y desregulado de las ciudades grandes e intermedias del país, muy especialmente la megalopolis de la Ciudad de México y su corona de ciudades propicia la ampliación continua de radio metabólico de acción: tomando aguas de lugares cada vez más lejanos y profundos, imponiendo trasvases, obligando a la sobreexplotación del agro mediante el uso irracional de agroquímicos y transgénicos, construyendo cada vez más hidroeléctricas insustentables, abriendo cada vez más minas metálicas y no metálicas al servicio de la gran industria y de la construcción, promoviendo cada vez mayores deforestaciones, ganaderización y ampliación de la frontera agrícola (para caña de azúcar, plantaciones forestales y de biocombustibles y agroexportación). Con la consiguiente contaminación de los ríos, el retorno al campo de todos los materiales robados pero a la manera de basuras tóxicas y descomunales basureros de todo tipo, plenos en sustancias inmetabolizables: lixibiados, metales pesados, medicamentos, plósticos y otras formas de órganoclorados, organohalogenados, nanopartículas, transgénicos, etc. Todo ello mientras la mancha urbana (asfáltica y de cemento) se expande imparable, impidiendo cada vez más la recarga de los acuíferos y propiciando que el agua dulce de la lluvia se mezcle con las aguas negras y se escurra cada vez rápidamente hacia la aguas saladas del mar.
Esta destrucción real y perversa del valor de uso del campo la complementa el neoliberalismo con la destrucción perversa de los valores de uso (alimentos, medicamentos, habitaciones, vestidos, etc.) que componen la reproducción de la vida rural, para así mejor promover entre las nuevas generaciones una ilusión de bienestar que vende a las ciudades (muy especialmente a las estadounidenses) como lugares de trabajo, salarios, ciencia, técnica y confort que disponen de recursos, servicios y bienestar ilimitados que durarán para siempre.
De manera que la regulación neoliberal de la emigración del campo a la ciudad no sólo descansa en un engaño ambiental, pues la concentración de servicios y bienes de consumo altamente tecnificados que provienen del país y el mundo entero son completamente reales. Bienes y servicios que adicionalmente han sido sometidos a manipulaciones industriales, químicas, energéticas, etc., que no sólo sirven para satisfacer necesidades reales, pues a la manera ejemplar de las drogas, la televisión y las bebidas de cola, también se los convierte en objetos adictivos y esclavizantes de los consumidores. Manipulaciones y consumismo que están directamente asociadas al carácter ambientalmente destructivo de los actuales valores de uso urbanos.
Ocultando con ello que la implacable destrucción del campo mexicano proviene de la acción y el metabolismo inmediato y mediato de las grandes ciudades de América del Norte. Y que la situación de bienestar, empleo y salarios termina no sólo ocasionalmente durante los cíclicos periodos de crisis, cuando cíclicamente llega el momento de la expulsión y retorno de los migrantes mexicanos hacia el sur o también cuando llegan el tiempo de las hambrunas. Pues lo que no se ve es que el gran “bienestar” de la parte de la población triunfadora del NAFTA también se colapsará definitivamente en el momento en que los campos del mundo ya no logren brindar los recursos ilimitados que demandan las industrias y los consumismos urbanos.
6. Las advertencias ambientales en torno a la profunda insustentabilidad de la actual vida urbana y de la devastación rural no sólo la brindan las grandes crisis mundiales del clima, el agua y la biodiversidad. También las pronuncian las consecuencias epidemiológicas críticas que ya padecen innumeras personas que reciben en sus cuerpos enfermos o deformes las consecuencias de los agrotóxicos, de las basuras hospitalarias, radioactivas y municipales, de las sustancias fecales y químicas que saturan las aguas de los ríos y acuíferos, de los aires de las grandes ciudades y del desbordamiento de las faunas nocivas urbanas.
El ocultamiento inmoral y sistemático de la información sobre la actual crisis de la salud de los mexicanos ocasionada por la destrucción de las condiciones ambientales de los campos y ciudades, en realidad sólo contribuye a que este desastre no sólo se mantenga intacto, sino sobre todo a que crezca sin control alguno. Hasta el momento en que la actual desgracia colectiva adquiera una dimensión irreversible.
8. Por desgracia, actualmente no existe una verdadera conciencia ni una preocupación ética por investigar el alcance real que ya tiene la crisis socioambiental y de salud, ni tampoco existe la voluntad política entre los principales medios de comunicación de hablar verazmente sobre los problemas reales, las devastaciones, agravios, despojos de recursos y enfermedades que asolan la vida de la naturaleza y de los mexicanos. Ni sobre la enorme acumulación de factores imprevisibles que acumula la introducción de nuevas tecnologías de punta que cada vez son colocadas en los mercados sin mediar seriamente verdaderos principios de precaución.
De manera que no disponemos actualmente de una información veraz que nos ayude a enfrentar y a resolver los graves problemas ambientales que padece el país. Por el contrario, la información verdadera sobre el colapso ambiental, de la salud, la economía, la política, etc., apenas si se vuelve información clasificada para uso confidencial y exclusivo de algunos políticos, empresarios, poderosos delincuentes del más alto nivel, o bien de alguno de los zares de la investigación científica nacional. No es de extrañar que por ello que exista una política de información ambiental al público completamente parcial, fragmentada, banalizada, sesgada, manipulada e incluso perversa.
8. Gracias a ello la actual política ambiental nacional de “sustentabilidad” puede ser torcida hacia prioridades mercantiles, permitiendo la manipulación de los estándares de vigilancia y alta tolerancia estatal frente a cualquier interés económico poderoso, alentando la nula aplicación de importantes leyes ambientales, la sistemática ausencia de vigilancia ciudadana por la sistemática exclusión de las comunidades de todos los problemas cruciales. A lo cual se suma la criminalización y persecución de la protesta y resistencia ambiental, o bien la represión directa de las movilizaciones colectivas e incluso el asesinato selectivo de activistas ambientales.
La disyuntiva es atroz. Pues cada vez más comunidades son colocadas contra la pared al obligarlas a elegir por un lado entre mantenerse callados ante la muerte de sus hábitats, la destrucción de sus condiciones de vida y la salud de sus comunidades (con poblaciones que ya están comenzando a morir y enfermar irreversiblemente como consecuencia de la degeneración de las condiciones ambientales y de consumo) o bien por el otro a arriesgarse a estigmatizados como atávicos enemigos del progreso o incluso a ser criminalizados y reprimidos al momento en que las comunidades o sus activistas deciden defender con valentía la condiciones ambientales y la vida misma de sus pueblos, campos y ciudades.
De ahí la manera en que las instituciones del Estado mexicano supuestamente dedicadas a velar por el cuidado del medio ambiente y la vida, la SEMARNAT, la CNA, la PROFEPA, etc., se están convirtiendo en responsables directas de la muerte que experimenta cada vez mas población por la perdida irreparable de nuestros ecosistemas, recursos y condiciones de vida.
9. Gracias a la disociación estructural que el Estado neoliberal realiza entre su política económica y su política social, desde hace mucho el cuidado integral de la totalidad del medio ambiente y de la salud colectiva de la población no pintan como un buen negocio, ni como un verdadero objetivo político deseable. Estas prioridades se sacrifican a las especulaciones históricas encarnadas por los grandes planes de desarrollo de una ambiciosa pero torpe burguesía, así como al pragmatismo de una clase política cada vez más homogénea y miope.
De esta manera la conducción del país se sujeta a un sistema de fantasías que una y otra vez promueven un futuro imposible: el ingreso al primer mundo, maquilatitlán, los jaguares americanos del Plan Puebla Panamá. Falacias que tan sólo sirven para mal maquillar el verdadero despojo a las comunidades y el saqueo nacional de las riquezas, que si avanza y sólo termina en las manos de los poderosos, sobre todo de las empresas estadounidenses. Fracaso en los planes de desarrollo y avance real en las dinámicas de saqueo y destrucción de la soberanía nacional que en realidad es la causa profunda por la cual ocurre puntualmente el aborto estructural de una pretendida reforma democrática, así como el progresivo aborto de la pretendida política de conservación ambiental del país.
10. Una acelerada descomposición de la economía, las instituciones públicas y el mismo quehacer político en México se ha impuesto progresivamente durante los últimos cuatro sexenios, y se ha atravesado en el camino que originalmente seguía la regulación ambiental, propiciado la trasmutación de las preocupaciones originales en una frivola doctrina económica de sustentabilidad, según la cual el mercado tiene la capacidad de resolver los problemas ambientales transformándolos en mercancías, con la supuesta capacidad de propiciar negocios y procesos exitosos de acumulación verde de capital.
La distorsión económica estructural que el Imperio del norte le impone al Estado mexicano le empuja hacia la corrupción crónica de sus empresas convencionales y los tres poderes de la Unión, muy especialmente hacia la corrupción de su aparto judicial. El control de este poder a su vez requiere de la manipulación de las leyes ambientales relativamente nuevas en nuestro país. Leyes que originalmente se redactaron con la participación de numerosos científicos, técnicos y juristas honestos preocupados sinceramente por el vertiginoso deterioro ambiental que ya se observaba en México desde los años ochenta. De esta manera se ha impuesto el recorte segado pero estratégico de las principales leyes ambientales, así como el riguroso control antidemocrático de todas las instancias de vigilancia y participación ciudadana.
Todo lo cual tiende a hacer de nuestra legislación ambiental ya no sólo letra muerta, sino letra envenenada que mata como en el caso de la ley de bioseguridad.
11. La convergencia entre los numerosos grupos fraudulentos del Estado mexicano, la nueva economía criminal y el creciente deterioro del medio ambiente, es puntual y compleja. Dicha convergencia implica, por ejemplo, no sólo el tráfico de influencias que permite a los políticos y empresarios allegados al Estado sacar raja de todos los programas de desarrollo, de los emplazamientos industriales sobre acuíferos estratégicos, de la construcción de todo tipo de infraestructuras públicas, del usufructo de la información privilegiada sobre los planes de desarrollo urbano, de los programas de compras gubernamentales, de los programas de rescate ambiental, de los programas de privatización de los servicios urbanos estratégicos etc. Los políticos, los empresarios y una nueva generación de criminales también están hallando la manera de asociarse en innovadoras empresas dedicadas al tráfico e importación de sustancias, basuras altamente tóxicas, información genética y órganos humanos, o bien en la quema de las basuras del diablo mediante cada vez más poderosos incineradores, como los tan promovidos incineradores de arcos de plasma.
12. El espíritu de ganancias fáciles y acumulación por despojo que se ha terminado por imponer en México expande agresivamente en el territorio nacional el desmantelamiento del derecho de cualquier tipo de ciudadano y pueblos al lugar rural o urbano en donde viven, sin importar cuantos años, décadas o siglos lleve ocupando esa sede.
Este espíritu corsario curiosamente no choca en la actualidad con otro grupo creciente de nuevos empresarios hoy dedicados a invertir en los nuevos negocios de la remediación ambiental. Nuevos empresarios dedicados a aprovechar puntualmente los programas de privatización del agua, la basura, etc., para hacer negocios con las nuevas plantas de tratamiento de aguas, los rellenos sanitarios, las plantas de generación de combustibles, las carreteras o las unidades habitacionales verdes. Pues se trata de empresas que nunca invierten un peso en la restitución de los bienes y las condiciones de vida real de los ciudadanos que han sido despojados.
Los nuevos capitales verdes, sin cargar con el estigma de la destrucción del ambiente, gozan de los beneficios que les otorga encontrar en los mercados los despojos previos de aguas, tierras, saberes locales, servicios ambientales, etc. A lo cual se añade el prestigio que les da la venta de supuestas soluciones al colapso ambiental actual. Pero también a impedir, gracias al control absoluto que el empresariado tiene de las instituciones estatales y de las cabezas de los funcionarios públicos, la participación ciudadana en la construcción de alternativas menos costosas y más eficaces en el rescate ambiental del país.
La crisis, o mejor dicho, el colapso es tan extendido y grave que las instituciones públicas estatales y municipales cada vez aciertan menos a poder resolver la gestión de los servicios públicos elementales y los problemas ambientales como son los servicios públicos de agua, basura, vivienda, transportes, etc. La solución de cada uno de estos servicios se complica por efecto de la contaminación creciente, la masificación del consumo, el crecimiento urbano salvaje o los diversos efectos catastróficos del calentamiento global.
Pero el caos se consuma cuando cada uno de los grupos en disputa por el poder ve en la posible solución de cada necesidad y servicio la oportunidad para estrangular el poder de las sectas y los políticos rivales, sea en disputas geopolíticas territoriales, en los procesos electorales o en la guerra por las imágenes dentro los medios. Todo lo cual ya propició el agotamiento del aparato político del Estado mexicano en cada uno de sus niveles de gobierno.
13. Una parte del corazón de esta destrucción ambiental del país esta, por lo mismo, en la destrucción de todas las formas sociales comunitarias que tradicionalmente se han ocupado de gestionar y autogestionar las condiciones ambientales como un bien común que es propiedad de los pueblos, las etnias, los municipios, las regiones, las ciudades o el país entero. La perdida de este corazón comunitario nacional esta redundando en la perdida irreversible de los bosques, los manglares, los suelos fértiles, las aguas dulces, la biodiversidad silvestre y doméstica, los saberes locales, el uso milenario de la riqueza biológica, la variedad y el uso colectivo de las semillas, las yerbas medicinales, los paisajes, la producción de aire limpio, la limpieza de las barrancas, los ríos, los acuíferos, los lagos, los esteros, las costas y las calles de nuestras ciudades. Perdida de recursos, saberes y servicios ambientales que no podrá recuperarse con la mercantilización de los mismos sino sólo mediante la verdadera restitución de nuestros lazos colectivos.
Por todas estas vías se expande y generaliza la imposibilidad de organizar nuevas prácticas económicas y políticas que permitan la verdadera sustentabilidad comunitaria del medio ambiente. Todo lo cual redunda en la creación de procesos productivos y reproductivos que generan una alta tasa de sufrimiento, así como en la perdida irreversible de la soberanía ambiental. Lo que redunda en una crisis de la salud de la población de alcances ya insospechados que resulta inefable para el Estado mexicano. Razón por la cual avanza cada vez más el desasosiego, el desconcierto y la desesperación entre la sociedad. Con el consiguiente estallido de un descontento que crece velozmente entre los pueblos y los campos más castigados, pero también entre los barrios y ciudades enteras.
Mina San José
Plantón
Ejercito en San José
